Por la institucionalidad del país

Imagen: El Montonero

Acabó el mandato congresal 2020-2021 y con ello también una gran oportunidad de conseguir reformas fundamentales que hubieran evitado, de alguna manera, el temor -y alto riesgo- esparcido en la población por el nuevo Gobierno Cerronista-Castillista. Una de ellas, quizás la más importante, era regular la cuestión de confianza, sus límites y sus usos perversos, como por ejemplo que el Congreso no deba dar ningún voto de investidura al Gabinete, bastando simplemente la designación del presidente de la República, con lo cual se evitaría así el riesgo de cerrarlo ante dos negaciones.

Otra reforma importante sigue siendo el retorno del Senado de la República (bicameralidad), el cual hubiese podido continuar ante una eventual disolución del Congreso (de la cámara de Diputados), prohibiendo al todopoderoso presidencialismo peruano, gobernar, como los 8 meses del vizcarrismo, sin parlamento, sin control, sin fiscalización.

Asimismo, se hace necesario restituir la reelección congresal, figura que fue desprestigiada por el lagarto y sus aliados, con el único objetivo de debilitar al Parlamento, ya que solo 1 de cada 5 congresistas era reelegido, quienes con su experiencia no solo hacían un poco más fácil la labor de los nuevos parlamentarios sino también permitía la realización de una carrera parlamentaria.

La última pero no menos importante decisión parlamentaria, era la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Seis de siete magistrados tienen actualmente el mandato vencido. Era y sigue siendo capital su renovación porque así lo manda el artículo 201º de la Constitución Política del Estado, al señalar expresamente que los miembros del TC son elegidos por 5 años, sin posibilidad alguna de reelegirse. Las posiciones ideológicas evidenciadas durante los últimos años del Tribunal Constitucional son las que han gobernado el país: deciden que es ley y que no, deciden cuando un Congreso debe disolverse, cuando vale o no una vacancia -a pesar de lo claro que la Constitución lo indica-, situación que hace que el nuevo Congreso se aboque a esta misión con carácter impenitente.

*Originalmente publicado en Correo Piura