Morirse en el Perú

Por Gabriel Rimachi - Via ContraPoder

Al momento de escribir estas líneas se han producido en el país dos tragedias que han golpeado moralmente a los peruanos: la primera de ellas, el terrible accidente ocurrido en el río Huallaga a la altura de Yurimaguas, donde una embarcación que transportaba a más de 70 personas –siendo su capacidad para la mitad– chocó en la noche absoluta de la selva contra una embarcación que transportaba mercaderías, hundiéndose y entregándole al río la vida de, hasta ahora, 36 personas. No se sabe aún cuántos muertos más hay porque no existe un registro de la cantidad real de personas que iban en ese barco mortal. Pero esto, lo sabemos, es cosa de todos los días. En el Perú la ley es letra muerta cuando le conviene a quienes se aprovechan de ella. Mientras tanto ¿cuántos cadáveres más aparecerán flotando aguas abajo? ¿Quién se responsabilizará por las familias de los deudos? ¿Tendrán ellos seguros de vida o algún beneficio post morten cubierto por el SOAT de aquella embarcación? ¿Sabían que la embarcación que chocó y produjo estas muertes, dio la vuelta en plena noche y en medio de los gritos desesperados y se fue sin salvar a nadie?

El otro accidente que ha enlutado a 35 familias, ha sido el del bus que cayó a un abismo en Matucana. En una zona indicada con velocidad máxima de 35 KPH, el bus interprovincial iba a más de 90 KPH. Hay 7 niños muertos entre esas cifras, y una niña que ha perdido a su padre, a su hermanito menor, a su hermanito mayor y a su madre, mientras un tercer hermano se debate entre la vida y la muerte en la UCI de Bravo Chico. Pero aquí el tema se decanta por otro lado: si bien en el primer caso las víctimas fueron rescatadas por la Marina de Guerra, y los pocos sobrevivientes atendidos inmediatamente en las áreas de salud de la zona mientras los iban sacando del río. En el segundo caso no ha sido así. Las víctimas sobrevivientes del accidente en Matucana no fueron atendidos inmediatamente en los hospitales porque “no contaban con el certificado extendido por el SOAT” ni con el “parte policial”. ¿En qué perversa cabeza nacen este tipo de reglamentaciones absurdas que terminan costándole la vida a las personas por un papel que la burocracia se encarga de imponer? Hasta donde se sabe, esta norma fue promovida y propuesta por la exministra Pilar Mazzetti, una de las peores ministras de salud que tuvimos durante la pandemia y que viene siendo investigada por corrupción.

Toda esta informalidad en el transporte y la absurda reglamentación para la atención en “Emergencia” en casos de accidentes de tránsito, es un termómetro grave de cómo está organizada la ley y sus instituciones, de cómo alrededor de los intereses empresariales (como los seguros en el caso del SOAT) se organiza el destino mortuorio de las personas, y cómo nadie, absolutamente nadie, puede hacer nada porque así dice la ley y los médicos pueden ser sancionados si no se ciñen a los protocolos. Un absurdo que sigue manteniendo al Perú en esa imagen triste de país del quinto mundo. Una desgracia.