Inicia la cuenta regresiva

Días claves para el país luego de que se anunciara la asistencia definitiva de la premier Mirtha Vásquez al Congreso de la República este 25 de octubre. Tan claves para el país como para el Presidente Pedro Castillo, quien, nuevamente, parece que desacertó en la elección de algunos miembros del Gabinete Vásquez. Y es que, no es necesario ser vidente, es un hecho que luego de que Mirtha Vásquez exponga los planes de gobierno, más de un parlamentario insistirá en la destitución del Ministro del Interior, Luis Barranzuela y el Ministro de Educación, Carlos Gallardo para otorgar la confianza. Además de ello, en las ultimas horas se supo la integración de la Vicepresidenta de la República y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, a la investigación de la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”. Con todo lo anterior, sobran motivos suficientes para que inicie la cuenta regresiva que desencadenará otra crisis política ad-portas del voto de confianza. Ahora bien, pase lo que pase a pocas horas en el Congreso, ya es un mal precedente la aprobación de la ley que regula la cuestión de confianza porque se va a generar más confrontaciones en los próximos cinco años que le tocará lidiar a Castillo Terrones, siempre y cuando no lo vacan antes. Pero a eso se ha expuesto el mandatario. No ha sabido escuchar a su entorno más cercano para que lo coadyuven a tener ministros sin cuestionamientos, nos referimos al entorno más “moderado” y pensante, no el desafiante y campechano como el entorno del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, quien siempre a través de Twitter se pronuncia y responde las críticas con un tono no sutil. Incluso, entre tantos desacuerdos, ahora Perú Libre está dividido y no hay consenso para tomar decisiones clave. Del mismo modo, Fuerza Popular, indirectamente, vuelve a buscar revanchas tras no lograr ser la bancada oficialista. ¿De qué manera?, a través de la cuestionada ley (en ese momento PL) que se aprobó por insistencia un fin de semana en sesión extraordinaria. Pareciera que mientras algunos están de ida, otros van de regreso para sentarse en las curules a ver como se crean más divisiones en el país. Sabiendo que la renuncia acertada de Guido Bellido era indispensable para, ahora sí, tender los puentes y trabajar por el país, algunos aguardaban la designación errada de los nuevos ministros para ensartarse otra vez en lo mismo: más fricciones Y, está claro, Fuerza Popular sabía que los perulibristas no iban a aconsejar al maestro chotano que realice otros cambios en el nuevo gabinete, sería otorgarle más poder al Parlamento y, de seguro, sería un mensaje de que les están poniendo la agenda al gobierno. Por ello, insistieron con la mencionada ley que, si el Tribunal Constitucional no afirma que es inconstitucional esta medida, el terreno del Ejecutivo se verá más condicionado que nunca. La congresista Patricia Juárez que lidera la Comisión de Constitución asegura que esto no vulnera el equilibrio de poderes, sin embargo, ha logrado que el pueblo se pronuncie y este lunes 25 se concentren frente al Congreso a apoyar a Castillo. El Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad (FNDG) dirá “presente” y es probable que retornen las grescas con la presencia del grupo La Resistencia. El Centro de Lima también podría sopesar, nuevamente, el tráfico, los disturbios y más pérdidas económicas de los comercios en los alrededores, que siempre deben cerrar sus puestos por la convulsionada masa que se hace presente. Es otro episodio más que coloca en el limbo la gobernabilidad que urge el país. Que retrasa las estrategias que se deben plantear sobre cómo se regresará a la presencialidad en la educación, qué hacer para mejorar la conectividad del internet en el país y cómo llegar a las zonas más alejadas del Perú que no cuentan con luz ni agua. Qué soluciones se dará al comercio informal, que en los últimos días se generó otro desalojo abusivo en Mesa Redonda. Y finalmente, en qué quedo las palabras del presidente cuando aseguró que los delincuentes tendrían 72 horas para abandonar territorial nacional de infringir la ley. Pues, estas interrogantes son más prioritarias que seguir enfrascados en un dilema por saber quién pesa más en las decisiones del país.