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El precedente que está dejando la crisis electoral





Un día como hoy, hace ya siete semanas, nos dirigimos a las urnas en un ambiente de tensión sobre el futuro de nuestro país. Camisetas de la selección nacional, así como el uso de sombreros eran mensajes tácitos de la población por sobre quién había decidido su voto. Aunque muchos pensamos que a los pocos días se definiría la victoria decisiva sobre el control del poder ejecutivo, lo cierto es que luego del 6 de junio, la crisis política escaló de modo alarmante. Fuerza Popular, apoyada por una derecha acérrima a su visión de prosperidad, procedió a solicitar la nulidad de cientos de actas de votación, con el argumento del fraude. Aunque en América Latina estos discursos suelen escucharse cuando la distancia entre los contrincantes es mínima, la experiencia peruana actual nos ha enseñado varias cosas, para bien y para mal.

Del lado positivo, pareciera que la sociedad en general ahora es más consciente de la Ley Orgánica de Elecciones. Sabemos, por ejemplo, que para apelar se tiene un plazo máximo de tres días posteriores a la elección. Incluso gracias a este imaginario de fraude, el país comenzó a diferenciar las funciones correspondientes a la ONPE, el JNE y el Jurado Electoral Especial (JEE). Asimismo, con la reciente estrategia de FP para extender, innecesariamente, la proclamación de Pedro Castillo, se sabe que puede darse una última solicitud para impugnar actas, lo cual no tiene otro propósito, en este caso, que dilatar el proceso.

Sin embargo, la experiencia también deja un saldo negativo, el cual puede ser un precedente para futuras obstrucciones. Tal como demostró Fuerza Popular, las elecciones pueden, aún sin argumentos claros, deslegitimarse bajo el concepto de fraude. Cada día que sigue demorando la proclamación del JNE contribuye a este discurso de un proceso irregular, manipulado y fraudulento. De encontrarse nuevamente una segunda vuelta con diferencias tan cerradas, el político perdedor podría exclamar “¡Fraude!” y seguir el sendero fujimorista. De ser el caso, tal situación mermaría aún más la concepción que tiene la población sobre la democracia peruana. A pesar de este panorama oscuro, lo cierto es que para ser posible no solo se necesitan presentar los documentos correspondientes para apelar, sino que también debe existir un apoyo externo, voces que den veracidad a la figura del fraude.

Uno de estos apoyos mostrados durante estas últimas semanas, ha sido el medio de comunicación Willax, el cual día tras día, programa tras programa, afirmaba tajantemente la existencia de irregularidades en el proceso. Asimismo, otros programas de televisión, como medios impresos, mantenían la difusión de las actividades de ambos candidatos, pero enfatizando cada mitin y conferencia de Keiko Fujimori. A estas alturas, está de más decir que los medios de prensa no han sido imparciales frente al proceso electoral, pero su capacidad de propagar la palabra fraude ha ayudado enormemente a la candidata opositora. Además, lograr continuar con las campañas como Respeta mi voto, y la movilización de simpatizantes mediante buses, supone una inversión económica.

Tomando en consideración estos apoyos necesarios, años atrás habría resultado inverosímil que Fujimori sea capaz de acaparar tal poder. De hecho, la lideresa de Fuerza Popular sigue sin tener una maquinaria enorme ni controla la prensa. Lo que ocurrió fue que, los medios y figuras públicas, creyendo su propio mito del giro al comunismo, han usado cada recurso disponible para contener los resultados de una elección democrática. Entonces, a no ser que nuevamente se marquen diferencias ideológicas extremas en una segunda vuelta, y que el candidato con mayor voto sea de izquierda, sería poco probable ver nuevamente en la historia política un retraso de varias y largas semanas para la proclamación del presidente. Aún tomando en cuenta ello, es preferible no olvidar el precedente que está dejando esta crisis electoral, un precedente que, como vemos, tampoco está fuera de la realidad.


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