¿Ciudadanía activa en el nuevo gobierno?

Es preciso afirmar que en el estado peruano existen pocas formas de participación ciudadana en los ámbitos públicos. Lo recurrente en nuestro caso es elegir gobernantes y luego seguir desenvolviéndonos en sociedad. A pesar de que existen programas como el Presupuesto Participativo, donde la población tiene voz y voto en la distribución de los recursos, estos no son suficientes para que la ciudadanía pueda intervenir o actuar como un mecanismo de control en la toma de decisiones. Es en parte por ello que muchas veces se opta por las protestas. Conocidos son los casos de organizaciones sociales saliendo a las calles en contra de proyectos mineros, en contra de una vacancia durante la crisis sanitaria e incluso contra propuestas de ley que van en desmedro de la calidad de educación superior. Así, en el Perú varias movilizaciones han partido de un interés en exigir nuevas medidas que sean tomadas considerando el bienestar de la población y no de intereses particulares. En la actualidad, a dos semanas de haber asumido la presidencia, Pedro Castillo ha recibido innumerables críticas por la designación de varios ministros, su propuesta para una asamblea constituyente, las reuniones fuera de Palacio de Gobierno, etc. Lo particular de este caso es que parte de la ciudadanía ha expresado su disconformidad ya no por una norma o acción política con fines privados, sino como medida de prevención. Tal como señalan varios medios de comunicación, el discurso actual es que sería preferible controlar al Ejecutivo antes de que tome una decisión crítica. De este modo, pareciera que se ha canalizado un medio informal de fiscalización sobre el gobierno actual. Lo beneficioso, claro está, es que la apatía política, que solo despertaba reacciones en casos graves, ha disminuido dando paso a críticas y exigencias constantes a la actual gestión. Dos ejemplos conocidos han sido el retiro de Alberto Falla y de Natalia Jiménez, quienes habían sido designados a ocupar cargos dentro del MTC. En el primer caso se denunció que una empresa de Falla estaba relacionada al caso del camión de combustible que estalló en Villa María del Triunfo, ello generó que el ministro dejara sin efecto el nombramiento. Por otro lado, la designación de Jiménez fue revocada porque no cumplía con los requisitos mínimos para ser directora de Provías. No obstante, el lado negativo de este interés constante en el Ejecutivo es que parece recaer en el ámbito ideológico. Castillo y su gabinete no son solo criticados por las ya mencionadas designaciones, sino por lo que representan como gobierno. Las críticas recibidas no solo se enmarcan en las decisiones de los funcionarios, sino también en que estas decisiones son tomadas por funcionarios del ala izquierda de la política. Así, es notoria la diferencia entre las exaltaciones por cada acción del Ejecutivo y la ausencia de críticas ante el proceder de parte de los partidos de oposición en el Congreso. No despierta mayor interés que se forme una comisión que investigue el proceso electoral, lo cual refuerza el discurso de fraude. Tampoco se han observado mayores disconformidades al hacerse público que Fuerza Popular tendrá la presidencia de la comisión de constitución, ni se ha objetado con énfasis el interés de volver a utilizar el recurso de vacancia por permanente incapacidad moral como juicio político. Mientras no se generen demandas constantes, nuestros políticos seguirán considerando que, una vez obtenido el cargo deseado, podrán dar rienda suelta a sus propias necesidades. Por ello, poco sirve exigir solo a un gobierno minoritario como es el de Pedro Castillo, si es que se permite que la mayor parte de funcionarios continúen obrando a espaldas de las necesidades de la población. La rendición de cuentas debe ser equitativa y no solo exigirla a quienes no comparten nuestra postura ideológica.